El principio de territorialidad establece que los órganos jurisdiccionales de un país no pueden comportarse fuera de su demarcación sin contar con mecanismos de cooperación jurídica internacional, los cuales garantizan que las acciones legales entre diferentes países se realicen de guisa coordinada y conforme a las leyes internacionales.

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Sin bloqueo, es importante resaltar que la valor final sobre la procedencia de la extradición por delitos políticos recae en los tribunales y autoridades competentes.

La extradición se refiere al proceso mediante el cual un individuo acentuado o condenado por un delito en un país es entregado a otro país para ser Magistratura o cumplir una condena.

En primer emplazamiento, diversos tratados y acuerdos internacionales establecen que no se debe conceder la extradición por este tipo de delitos. Esta medida se adopta para proteger los derechos humanos y evitar que personas sean perseguidas o juzgadas por motivos políticos.

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Fase gubernativa: aunque la Audiencia resuelva favorablemente sobre la extradición, es el Gobierno quien decide la entrega de la persona reclamada puesto que la valentía judicial no es vinculante para el Ejecutor.

Principio de doble incriminación: el delito del que click here se acusa a la persona cuya extradición se solicita tiene que estar tipificado como delito en el Estado solicitante y el solicitado.

La solicitud de extradición generalmente debe ser presentada por el país que busca la entrega del individuo y debe incluir información detallada sobre el delito cometido, las pruebas disponibles y la identidad del perceptible.

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La extradición es un mecanismo legítimo que permite la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en un país, a otro país que lo solicita para juzgarlo o cumplir una condena.

La extradición es el proceso por el cual un Estado entrega a otro a un ciudadano para que sea juzgado en el Estado solicitante, o acertadamente para que cumpla en él una pena que este último le haya impuesto.

Si los tribunales españoles tienen competencia para enjuiciar al individuo por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de extradición, se puede denegar la misma.

En el caso de que el Estado solicitante no garantice que la persona cuya extradición se requiere no será ejecutada o sometida a penas que atenten contra su integridad corporal, o a tratos inhumanos o degradantes.